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(AP)– Los legisladores republicanos de Texas propusieron un proyecto de ley que convertiría en delito grave estatal cruzar ilegalmente la frontera desde México y crearía una nueva fuerza policial fronteriza que podría reclutar a ciudadanos particulares, la más reciente de las continuas presiones del estado para poner a prueba los límites de la autoridad del gobierno federal en materia de inmigración.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles, activistas por los derechos de los migrantes y demócratas criticaron inmediatamente las propuestas, que empezaron a llamar la atención después de que el viernes venciera el plazo para presentar proyectos de ley en la actual sesión legislativa bienal de Texas.
Desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo, los cruces ilegales se han disparado. Muchos migrantes se han entregado a los agentes de la Patrulla Fronteriza y han sido puestos en libertad en Estados Unidos para que den seguimiento a sus casos ante los tribunales federales de inmigración.
Las propuestas republicanas en la legislatura de Texas continuarían impulsando la misión fronteriza masiva de 4.000 millones de dólares del gobernador Greg Abbott, conocida como Operación Estrella Solitaria. Esto ha incluido que el gobernador aumente fuertemente la presencia policial cerca de la frontera con México, obstaculice el tráfico al implementar un incremento en las inspecciones de camiones comerciales, y construya más barreras a lo largo de la frontera internacional, en un reflejo de la promesa de campaña inconclusa del ex presidente Donald Trump.
Las medidas también han incluido ordenarle a los agentes que detengan a los migrantes que invaden propiedad privada y transportar en autobús a miles de migrantes a ciudades gobernadas por demócratas, incluidas Nueva York y Washington D.C. Dichas iniciativas han atraído la atención hacia Abbott, que está sopesando postularse a la presidencia, según dicen algunos asesores suyos.
A los ciudadanos particulares empleados en esa fuerza policial se les permitiría participar en “operaciones y funciones de la unidad” y gozarían de la misma inmunidad penal y de responsabilidad civil en el trabajo que los agentes con licencia. Pero no estarían autorizados a realizar arrestos, a menos que estén entrenados para ello y tengan autorización del gobernador, según la forma actual del proyecto de ley.
Las personas detenidas por cruzar de manera ilegal a Texas se enfrentarían a penas de hasta 10 años de prisión y multas de hasta 10.000 dólares por cada infracción.
La propuesta cita una cláusula de la Constitución federal sobre los poderes estatales cuando se enfrentan a una invasión y peligro inminente, y sigue a numerosas exhortaciones de exfuncionarios del gobierno del expresidente Donald Trump y jefes policiales de varios condados del sur de Texas para que Abbott declare lo que han llamado una “invasión” bajo esta cláusula.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles y demócratas del estado denunciaron rápidamente la iniciativa. La propuesta también atrajo comparaciones con una “prohibición a las ciudades santuario” de 2017 que le permitía a la policía preguntarle a las personas cuál era su estatus migratorio, y amenazaba a los alguaciles y jefes de policía con penas de cárcel si se negaban a cooperar con las autoridades federales para hacer cumplir la ley de inmigración.
