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PARK RIDGE, Illinois — Funcionarios de inmigración arrestaron a más de 400 personas como parte de un operativo en el área de Chicago que comenzó hace poco menos de dos semanas, según informó el viernes un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Marcos Charles, director interino de Operaciones de Detención y Deportación del ICE, presentó las cifras durante una entrevista con The Associated Press. La cifra, que no se ha difundido ampliamente, ofrece un primer indicio de lo que se perfila como un importante esfuerzo de control migratorio, tras el lanzamiento de operativos similares en Los Ángeles y Washington, D.C.
Al preguntársele si consideraba positivo el número de arrestos en este punto del operativo, Charles respondió que 400 es una “cifra sólida”, y añadió que la cifra incluye arrestos realizados por otras agencias federales, además del ICE, que colaboran en la campaña.
“Continuaremos con este operativo hasta que consideremos que hemos tenido éxito”, afirmó. “No hay fecha límite a la vista”. El 8 de septiembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lanzó su operación en el área de Chicago, denominada “Midway Blitz”, lo que generó preocupación entre activistas y comunidades inmigrantes, quienes afirman que se ha registrado un notable aumento en el número de agentes de inmigración. Esto ha profundizado el temor en comunidades que ya temen los arrestos a gran escala o las tácticas agresivas empleadas en otras ciudades que son blanco de las duras políticas migratorias del presidente Donald Trump.
La operación ha generado acusaciones de uso excesivo de la fuerza y redadas de mano dura que han atrapado a ciudadanos estadounidenses, a la vez que ha complacido a los partidarios de Trump, quienes afirman que está cumpliendo su promesa de deportaciones masivas.
La administración Trump ha prometido enviar una oleada de agentes de inmigración y tropas de la Guardia Nacional a Chicago, a pesar de las férreas objeciones de los líderes y residentes locales. Un despliegue militar en Chicago aún no se ha materializado, incluso mientras continúan las operaciones de inmigración.
Funcionarios y activistas en el área de Chicago que se oponen al aumento de las medidas de control argumentan que el enfoque es peligroso e impreciso, y citan los relatos de dos ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos brevemente esta semana por agentes federales dedicados a la aplicación de la ley migratoria. Los defensores también protestaron por la muerte de un hombre baleado por un agente del ICE el 12 de septiembre, después de que, según las autoridades, intentara huir durante una parada de tráfico, arrastrándolo.
Charles explicó que entre el 50% y el 60% de los arrestos en el operativo de Chicago fueron selectivos, es decir, se trataba de personas específicas que el ICE buscaba porque habían cometido un delito, tenían una orden final de deportación o habían hecho algo que las puso en la mira del ICE.
El resto fueron lo que a menudo se conoce como “arrestos colaterales”, es decir, personas que el ICE encuentra durante sus operativos y que no son las personas que busca, pero que se encuentran en el país sin autorización, por lo que el ICE puede arrestarlas.
Los arrestos colaterales no se permitieron durante la administración Biden, pero la administración Trump eliminó esas restricciones casi inmediatamente después de asumir el cargo como parte de los esfuerzos de Trump por intensificar las deportaciones. “Esto no significa que los arrestos colaterales no sean penales. Algunos de nuestros arrestos colaterales… también tienen condenas y arrestos penales. Simplemente no eran las personas que buscábamos en ese momento”, dijo Charles.
El Departamento de Seguridad Nacional lanzó la “Blitz Midway” tras meses de críticas de la administración Trump a Chicago e Illinois por las políticas estatales y locales que restringen la cooperación de las fuerzas del orden con el ICE.
El ICE afirma que estas políticas implican que los inmigrantes que han cometido delitos en EE. UU. y que pueden ser deportados como resultado son liberados en la comunidad. El ICE afirma que luego tiene que salir a la comunidad y rastrearlos para expulsarlos.
Muchos funcionarios y activistas locales han afirmado que la aplicación de la ley migratoria es una responsabilidad federal y que si cooperan con el ICE, se reduce la probabilidad de que los inmigrantes que son víctimas o testigos de delitos se presenten para colaborar con la policía.
