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La jueza de distrito estadounidense Katherine Menendez está considerando si concede las solicitudes del estado y las ciudades de Minneapolis y St. Paul para detener temporalmente la operación de inmigración que ha provocado protestas y dos muertes. Dijo que el caso era prioritario, aunque no emitió un fallo inmediato.
Menendez cuestionó la motivación del gobierno detrás de la represión y expresó escepticismo sobre una carta enviada recientemente por la fiscal general Pam Bondi al gobernador de Minnesota, Tim Walz. La carta solicitaba al estado que permitiera al gobierno federal acceder a los registros de votantes, que entregara los registros estatales de Medicaid y asistencia alimentaria, y que derogara las políticas de santuario.
“Es decir, ¿no hay límite a lo que el poder ejecutivo puede hacer bajo el pretexto de hacer cumplir la ley de inmigración?”, preguntó Menendez. Señaló que las solicitudes federales son objeto de litigio.
Los abogados del estado y de las Ciudades Gemelas argumentaron que la situación en las calles es tan grave que requiere que el tribunal detenga las acciones de aplicación de la ley del gobierno federal.
“Si esto no se detiene aquí y ahora, no creo que nadie que esté analizando seriamente este problema pueda tener mucha fe en el futuro de nuestra república”, dijo el fiscal general adjunto de Minnesota, Brian Carter.
Brantley Mayers, asesor del fiscal general adjunto del Departamento de Justicia, dijo que el objetivo del gobierno es hacer cumplir la ley federal. Mayers dijo que una acción legal no debe usarse para desacreditar otra acción legal.
“No veo cómo el hecho de que también estemos haciendo otras cosas que tenemos permitido hacer, que la Constitución nos ha otorgado la facultad de hacer, pueda de alguna manera anular otra parte de la misma operación, de la misma ofensiva”, dijo Mayers.
Menendez cuestionó dónde estaba el límite entre violar la Constitución y el poder del ejecutivo para hacer cumplir la ley. También preguntó si se le estaba pidiendo que decidiera entre las políticas estatales y federales.
“Eso empieza a parecerse mucho a que estoy decidiendo qué enfoque político es el mejor”, dijo.
En un momento dado, al hablar sobre la posibilidad de que los agentes federales ingresaran a las residencias sin una orden judicial, la jueza expresó su reticencia a decidir sobre cuestiones que aún no se habían planteado en una demanda ante ella.
“No puedo ser la guardiana universal de todas las cosas aquí. Presumiblemente, eso se litigará”, le dijo al abogado del estado. El estado de Minnesota y varias ciudades demandaron al Departamento de Seguridad Nacional a principios de este mes, cinco días después de que Renee Good fuera baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El tiroteo en el que Alex Pretti resultó herido por un agente de la Patrulla Fronteriza el sábado dio mayor urgencia al caso.
