Foto : AP Photo/Rebecca Blackwell
Con otras dos demandas en trámite, el centro de detención de inmigrantes “Alligator Alcatraz” en el sur de Florida ha recibido una tercera.
En la demanda, presentada el viernes, un detenido en el centro de detención de inmigrantes afirma que su confinamiento viola la ley federal porque el estado de Florida no tenía la autoridad para crear el centro en primer lugar.
El centro de detención construido apresuradamente en los Everglades fue presentado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, como un centro integral para las detenciones y deportaciones de inmigrantes, especialmente considerando que incluye una pista de aterrizaje previamente construida, lo suficientemente larga como para albergar al Air Force One. “Así, se podrá traer a las personas, se les procesará, se les emitirá una orden de deportación, se les pondrá en fila y el gobierno federal podrá volar directamente sobre la pista, ahí mismo. Literalmente, se conduce 600 metros, se les sube a un avión y se van. Es muy sencillo desde el punto de vista logístico”, declaró DeSantis durante un evento de firma del presupuesto el 30 de junio, un día antes de que el presidente Donald Trump visitara personalmente el lugar.
Pero ahora, un detenido en el lugar —identificado únicamente en los documentos judiciales como M.A.— está cuestionando su propia existencia.
“El Congreso exigió al ICE que mantuviera la custodia y el control federal sobre los detenidos migratorios, e impuso requisitos estrictos para la delegación de agentes estatales que ayuden en las labores de deportación, todo para garantizar que la aplicación de las leyes migratorias se llevara a cabo de acuerdo con los estándares federales, por personas preparadas para asumir las numerosas y complejas tareas que implica la detención migratoria”, afirma la demanda. “‘Alligator Alcatraz’ viola esas normas”. La demanda argumenta que la sección del Código de los Estados Unidos que la administración DeSantis ha citado como fuente de su autoridad para construir y operar el centro de detención —8 U.S.C. § 1357(g), titulada “Desempeño de las funciones de los oficiales de inmigración por parte de funcionarios y empleados estatales”— solo se aplica a individuos, no a agencias estatales.
“Varias agencias de Florida, incluyendo a muchos de los demandados en este caso, han firmado acuerdos 287(g) con el ICE”, dice la demanda. “Sin embargo, esos acuerdos no otorgan ninguna autoridad a las propias agencias estatales, solo a aquellos empleados individuales que han sido completamente capacitados y certificados por el DHS”.
La demanda del detenido señala que incluso usar esa parte del Código de los Estados Unidos para justificar un centro de detención es algo único.
“Ningún otro centro de detención de inmigrantes en el país ha operado jamás con base en el 8 U.S.C. § 1357(g)”, afirma. En los treinta años transcurridos desde la promulgación de la ley, los funcionarios estatales nunca han alegado la autoridad para detener a personas bajo esta ley, salvo durante el breve período posterior al arresto durante el traslado a un centro de ICE.
La demanda señala que funcionarios de Florida y del gobierno federal han declarado en documentos judiciales en otros casos que el estado ejerce total discreción sobre las operaciones y sobre quiénes son detenidos en el centro.
Esto contradiría la directriz emitida por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. en mayo de 2022, que, en ese momento, abordaba específicamente la discreción de los estados en materia de inmigración.
Sin embargo, los gobiernos estatales no tienen la autoridad para regular directamente a los extranjeros y la inmigración, por ejemplo, determinando qué extranjeros pueden ser admitidos en Estados Unidos o estableciendo los términos y condiciones bajo los cuales esos extranjeros pueden permanecer en el país. La demanda presenta numerosos argumentos adicionales —algunos de los cuales, según la demanda, son el eje central de otros casos—, pero la reduce a dos cargos: la operación actual de “Alligator Alcatraz” por parte del estado de Florida viola el Título 8 del Código de los Estados Unidos, Sección 1357(g), y no existe ninguna ley federal vigente que permita a Florida operar el centro.
La demanda solicita al tribunal que certifique un grupo de detenidos actuales y futuros de “Alligator Alcatraz”; que dicte una orden de alejamiento y una medida cautelar que impida al estado detener a los miembros del grupo; que emita un recurso de habeas corpus y una medida cautelar permanente que prohíba la detención de los miembros del grupo en el centro; que emita una sentencia declaratoria que declare que el estado no tiene la autoridad para detener a inmigrantes en el centro de detención; y que “cualquier otra reparación que el Tribunal considere necesaria y adecuada”. El detenido que interpuso la demanda está representado por abogados de la Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Fundación de la ACLU de Florida, Community Justice Project, Inc. y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.
El estado enfrenta otras dos demandas: una impugna las instalaciones por motivos ambientales, lo que llevó a un juez a emitir una orden judicial que impediría que “Alligator Alcatraz” aumentara sus operaciones y aceptara a más detenidos, y exigiría la eliminación de un aspecto clave del sitio.
El estado ha apelado el fallo.
